La `cadena perpetua administrativa´ o `inhabilitación eterna´ en Venezuela: La "muerte política" que arbitrariamente aplica la Contraloría General de la República en Venezuela por motivaciones políticas sectarias

Se exponen los argumentos que definen como la “sanción moral imprescriptible” que impone la Contraloría General de la República en Venezuela, traduce en una forma de “inhabilitación eterna” para el ejercicio de la función pública que viola la prohibición constitucional de imposición de penas o sanciones administrativas perpetuas o infamantes, constitutiva de una especie de `Cadena Perpetua Administrativa ́ contra la persona que, siendo funcionario público, en cualquier tiempo, haya sido afectado con medida de sanción administrativa de suspensión o de inhabilitación por el Contralor General de la nación, la cual persiste indefinidamente en el tiempo, limitando de por vida el goce efectivos los derechos fundamentales de naturaleza política y laboral del afectado, así la sanción haya sido cumplida, haya prescrito o fenecido por el vencimiento del lapso temporal de su vigencia. El afectado, queda inscrito en el Registro de Inhabilitados de manera vitalicia, no pudiendo optar ni ejercer funciones públicas, tales como, Presidente de la República, Vicepresidente de la República, Fiscal General, Contralor General, Defensor del Pueblo, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, miembro del Comité de Postulaciones Judiciales, ni contralor o auditor de los Estados, Municipios o entes públicos en Venezuela. La inconstitucional e infamante sanción se convierte, de forma arbitraria, en una especie de "muerte política" de la persona afectada que pierde de forma vitalicia el ejercicio de sus derechos fundamentales por la falta “solvencia moral” que, violando la Constitución y la legalidad, aplica la Contraloría General de la nación.