LA REBAJA DEL IVA AL 12% EN EL ECUADOR: SU JUSTIFICACIÓN POR RAZONES DE JUSTICIA SOCIAL, JUSTICIA TRIBUTARIA Y OBEDIENCIA A LA CONSTITUCIÓN - Jesús E. Caldera Ynfante e hijos

A juicio de los autores, la iniciativa de rebajar el IVA al 12% encuentra asidero legal y constitucional, desde la perspectiva jurídica y académica, como se describe en el artículo científico LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY ORGÁNICA PARA ENFRENTAR EL INEXISTENTE “CONFLICTO ARMADO INTERNO” EN EL ECUADOR, según se explica seguidamente. La propuesta de rebajar el IVA al 12%, es una iniciativa política acertada, justa, pertinente y necesaria frente a una medida gubernamental representativa de un pago indebido de impuestos sin base constitucional, castigado por el Código Tributario ecuatoriano (artículo 122 concatenado a los artículos 306 y 307). Su aplicación, viene a obedecer al principio de constitucionalidad que hacen de la transparencia y la moralidad pública un imperativo ético de la actuación estatal orientada a restaurar la justicia tributaria y restituir la justicia social en el Ecuador. La propuesta de la candidata Luisa González, desde tal perspectiva, luce inspirada en el principio constitucional y político fundante de la República del Ecuador, que la erige como una República funcional bajo el modelo del Estado de derechos, que promueve la dignidad humana, protege y garantiza los derechos humanos fundamentales, la felicidad social y el respeto a la legalidad como presupuesto de la convivencia pacífica de la comunidad política. La propuesta, vista desde la vertiente académica, se enmarca dentro de lo que calificaríamos como un acto de justicia tributaria (guía de aplicación del principio de legalidad de los impuestos) que, por la proporción de sus efectos sociales y económicos, produce un evidente impacto en términos de justicia social, asumida con sentido de humanidad para favorecer a los ecuatorianos, en especial, a las personas y las familias que de los sectores más vulnerables, en situación de pobreza o debilidad manifiesta, que supone un reintegro por parte del Estado al contribuyente de lo indebidamente recaudado mediante los mecanismos de conciliación y diálogo social definidos al efecto o como resultado de una decisión judicial constitucional que así lo determine.