El plazo razonable como derecho fundamental: su configuración penal en la República Dominicana

Se analiza, de manera sucinta, la `mora judicial injustificada´, en el derecho penal dominicano, como violación del derecho fundamental al plazo razonable en tanto parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que está indisolublemente vinculado e interrelacionado, por ser indivisible e interdependiente, al goce efectivo del derecho superior al debido proceso que integra las denominadas garantías judiciales fundamentales. El cumplimiento institucional del deber de garantía judicial del derecho fundamental al plazo razonable, inherente a la dignidad humana, tiene rango constitucional y está taxativamente estatuido en la Constitución Nacional y la legislación dominicana, en general, quedando nítidamente configurado en el ámbito de aplicación penal. Con sustento en la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), se describen las pautas a tener en consideración para evaluar y decidir acerca de su vulneración por la prolongación procesal irrazonable, aplicando el denominado `test interamericano de razonabilidad´ que se efectúa desde el `estudio global del procedimiento´. Dicho test, está conformado por el examen de: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal de los interesados; c) la actuación de las autoridades judiciales, y; d) la afectación generada. Se asume que las garantías judiciales efectivas pretenden la incolumidad de los derechos humanos fundamentales del justiciable y hacen parte medular del Estado democrático constitucional, por su inherencia a la dignidad humana, en toda actuación procesal. Son ellas la traducción del derecho superior a la tutela judicial efectiva indisolublemente vinculada al respeto al derecho fundamental invulnerable al debido proceso. El respeto por tales garantías procesales judiciales, incumbe al llamado deber de garantía estatal, establecido en el convencionalismo supranacional dentro del denominado Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) que, bajo la figura del Bloque de Constitucionalidad, le impone a la administración pública estatal en general y, a la judicial, en particular, la obligación ineludible de promover, proteger, asegurar y garantizar su satisfacción material efectiva. Su satisfacción efectiva, en el plano penal (y administrativo), está vinculada al logro del proyecto de vida valioso, el florecimiento humano y el funcionamiento activo y efectivo de la persona del justiciable, en la sociedad, en aras de promover la plena satisfacción de su derechos humanos fundamentales, puntal de su felicidad personal, lo que permite que el Estado y sus agentes le brinden oportunidades para el despliegue de sus talentos y capacidades, contando con condiciones institucionales y medios materiales para su satisfacción material, lo cual habilita su contribución al bien común, esto es, su aportación tangible a la felicidad social.